Si sale adelante el proyecto en el que está trabajando el Gobierno, entonces habrá otro salto cualitativo importante que implicará un antes y un después en el acceso a la información pública y en la simplificación del procedimiento para acceder a la misma, tomando como referente el Convenio Europeo sobre Acceso a los Documentos Públicos, del Consejo de Europa. Todos los altos cargos tendrán que hacer públicas sus retribuciones.
Y esa exigencia se extendería a todos los directores generales; a los miembros del Gabinete de ministros y secretarios de Estado; a presidentes, directores y gerentes de las fundaciones públicas estatales; a las directivas de los organismos reguladores, y, en suma, a todos los titulares de cualquier puesto de trabajo en la Administración General del Estado cuyo nombramiento se efectúe por el Consejo de Ministros.
Todos ellos podrían estar obligados a publicar nominalmente las retribuciones públicas percibidas, con expresa indicación de los diferentes conceptos retributivos.
El Gobierno aprobará en el primer trimestre del año una ambiciosa ley dirigida a reforzar la transparencia en el gasto público, eliminar burocracia y aumentar los controles en la actividad administrativa. El martes la vicepresi-denta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, detallará en el Congreso los ejes del primer proyecto estrella de su Departamento, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en la que, como ya se ha oficializado, el Gobierno establecerá las nuevas obligaciones legales de los gestores y las sanciones que, en consecuencia, se derivarán de su incumplimiento.
Quien gaste por encima de lo presupuestado podría quedar inhabilitado.
El proyecto ya está muy avanzado y, de hecho, están abiertas las conversaciones con los sectores que se verán más afectados por una norma con la que, entre otras cuestiones, el Gobierno pretende obligar a todas las administraciones públicas, también a las comunidades autónomas y ayuntamientos, a poner al alcance del ciudadano, a través de un enlace electrónico actualizado permanentemente, toda la información relativa a sus contratos con el sector público, las concesiones, las subvenciones, el presupuesto o la información sobre el gasto público.
Entre las medidas que el Ejecutivo baraja está, por ejemplo, la de obligar a que todas las administraciones publiquen periódicamente –podría ser cada tres meses–, el grado de ejecución de su presupuesto, desglosado por secciones, por capítulos y por programas. El Estado central, las comunidades y los ayuntamientos también deberán publicar trimestralmente el gasto realizado en campañas de publicidad institucional.
La ley prevé mecanismos para mejorar la transparencia en la contratación pública, en los convenios de colaboración, en las concesiones de servicios públicos, en las subvenciones... Así como para forzar obligatoriamente la colaboración entre la Administración central, la autonómica y la municipal, de tal manera que se ahorre así efectivamente al ciudadano el trámite de ir de ventanilla en ventanilla.
Con un plazo cerrado: en los borradores se ha trabajado con la hipótesis de que, transcurridos treinta días desde la presentación de la solicitud sin haberse notificado resolución expresa, entonces se entenderá estimada la solicitud.
Carmen Morodo.
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