Hace 10 años
martes, 30 de abril de 2013
La Comunitat contará con un 'mapa de cultivo' para priorizar el movimiento de agentes en campos y evitar robos
La Comunitat Valenciana dispondrá de un 'mapa de cultivo' que permitirá a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) conocer en cada momento dónde se emplazan los cultivos y cuál es su estado de maduración y, a partir de ahí, priorizar el desplazamiento de agentes para prevenir los robos en los campos.
Así lo ha anunciado este jueves el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en una rueda de prensa, tras mantener un encuentro con representantes agrarios, en el que también han estado presentes la delegada del Gobierno en la Comunitat, Paula Sánchez de León; el conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano; y el vicepresidente del Consell y conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Císcar. Al encuentro también han asistido el General de la VI Zona de la Guardia Civil, Fernando Santafé; y el jefe Superior de Policía Nacional, José Manuel Salgado.
Durante la reunión, que se ha prolongado durante unas dos horas, los representantes agrarios han trasladado a titulares de la Administración las necesidades en el campo para evitar la delincuencia agraria, mientras que por su parte, éstos les han comunicado nuevas medidas y han debatido sobre futuras propuestas para atajar el problema.
Una de las iniciativas que llevará a cabo el Gobierno central para hacer frente a esta problemática es destinar a la Comunitat --será la primera de toda España-- una herramienta conocida como 'mapa de cultivo', que permitirá a los agentes saber "en cada momento" dónde se emplazan los cultivos y cuál es el estado de maduración. De esta manera, se podrá priorizar el desplazamiento de efectivos para evitar robos. "Esto hará mucho más eficaz el trabajo", ha dicho Martínez.
Asimismo, el Ejecutivo pretende incrementar la eficacia de las inspecciones periódicas en los lugares de venta de productos hortofrutículas, incluyendo también los mercadillos y los pequeños comercios, ha aseverado Martínez.
Además, dedicará especial interés al robo de cobre, coordinando las labores de inspecciones y que serán enfocadas "de forma más precisa". "Trataremos --ha dicho el secretario de Estado-- de poner en común todos los elementos para dar respuesta a este problema mediante la aprobación, en las próximas semanas, del Plan Nacional del robo de cobre".
Junto a ello, Martínez ha indicado que también habrá que dotar a los agentes de instrumentos "adecuados" para hacer frente a la salida del material robado. En concreto, en el Puerto de Valencia, donde habrá que generar mecanismos de coordinación con el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas para conocer la información aduanera de forma "precisa" y así poder "dar una respuesta más eficaz a la salida de este material robado".
Asimismo, ha señalado que se deberá incluir en el Plan de Seguridad del Puerto las herramientas "más adecuadas" para luchar contra el robo de cobre "casi con la misma contundencia que se hace con el fenómeno del narcotráfico". Todo ello requerirá medidas "administrativas y operativas".
Martínez también aboga por impulsar los planes municipales de lucha contra la delincuencia en el mundo rural, para que cuenten "siempre" con la participación de todas las organizaciones del sector y responsables públicos con el fin de conocer los fenómenos delictivos que más preocupan. Además, el secretario de Estado apuesta por hacer una inversión en innovación que redunde en una mejor respuesta en la seguridad en el campo, y por dar respuesta a este problema desde el punto de vista penal, con la reforma del Código Penal. Sobre este último asunto, ha comentado que esta normativa contemplará la reincidencia.
Otra de las medidas para hacer frente a los robos en los campos será la incorporación de 60 agentes de la Policía Autonomía de la Generalitat a un grupo "especializado y formado", el Grupo de Seguridad en el Ámbito Rural (SAR), según ha anunciado el conseller Serafín Castellano.
Castellano ha afirmado que este grupo se pondrá en marcha "de forma inmediata" gracias al aumento de agentes destinados a la Policía Autonomía. Este grupo dispondrá de un inspector en la Comunitat, y de tres subinspectores para cada una de las provincias.
Por último, Sánchez de León ha recordado las últimas cifras relativas a robos en campos, y ha indicado que el esclarecimiento de denuncias por robos se ha incrementado en 10 puntos en los últimos meses; y ha dicho que el número de detenidos en el primer trimestre de 2013 es casi el mismo número que en todo el 2012, ya que son 222 en 2013 frente a 283 de todo el ejercicio pasado.
Así lo ha anunciado este jueves el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en una rueda de prensa, tras mantener un encuentro con representantes agrarios, en el que también han estado presentes la delegada del Gobierno en la Comunitat, Paula Sánchez de León; el conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano; y el vicepresidente del Consell y conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Císcar. Al encuentro también han asistido el General de la VI Zona de la Guardia Civil, Fernando Santafé; y el jefe Superior de Policía Nacional, José Manuel Salgado.
Durante la reunión, que se ha prolongado durante unas dos horas, los representantes agrarios han trasladado a titulares de la Administración las necesidades en el campo para evitar la delincuencia agraria, mientras que por su parte, éstos les han comunicado nuevas medidas y han debatido sobre futuras propuestas para atajar el problema.
Una de las iniciativas que llevará a cabo el Gobierno central para hacer frente a esta problemática es destinar a la Comunitat --será la primera de toda España-- una herramienta conocida como 'mapa de cultivo', que permitirá a los agentes saber "en cada momento" dónde se emplazan los cultivos y cuál es el estado de maduración. De esta manera, se podrá priorizar el desplazamiento de efectivos para evitar robos. "Esto hará mucho más eficaz el trabajo", ha dicho Martínez.
Asimismo, el Ejecutivo pretende incrementar la eficacia de las inspecciones periódicas en los lugares de venta de productos hortofrutículas, incluyendo también los mercadillos y los pequeños comercios, ha aseverado Martínez.
Además, dedicará especial interés al robo de cobre, coordinando las labores de inspecciones y que serán enfocadas "de forma más precisa". "Trataremos --ha dicho el secretario de Estado-- de poner en común todos los elementos para dar respuesta a este problema mediante la aprobación, en las próximas semanas, del Plan Nacional del robo de cobre".
Junto a ello, Martínez ha indicado que también habrá que dotar a los agentes de instrumentos "adecuados" para hacer frente a la salida del material robado. En concreto, en el Puerto de Valencia, donde habrá que generar mecanismos de coordinación con el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas para conocer la información aduanera de forma "precisa" y así poder "dar una respuesta más eficaz a la salida de este material robado".
Asimismo, ha señalado que se deberá incluir en el Plan de Seguridad del Puerto las herramientas "más adecuadas" para luchar contra el robo de cobre "casi con la misma contundencia que se hace con el fenómeno del narcotráfico". Todo ello requerirá medidas "administrativas y operativas".
Martínez también aboga por impulsar los planes municipales de lucha contra la delincuencia en el mundo rural, para que cuenten "siempre" con la participación de todas las organizaciones del sector y responsables públicos con el fin de conocer los fenómenos delictivos que más preocupan. Además, el secretario de Estado apuesta por hacer una inversión en innovación que redunde en una mejor respuesta en la seguridad en el campo, y por dar respuesta a este problema desde el punto de vista penal, con la reforma del Código Penal. Sobre este último asunto, ha comentado que esta normativa contemplará la reincidencia.
Otra de las medidas para hacer frente a los robos en los campos será la incorporación de 60 agentes de la Policía Autonomía de la Generalitat a un grupo "especializado y formado", el Grupo de Seguridad en el Ámbito Rural (SAR), según ha anunciado el conseller Serafín Castellano.
Castellano ha afirmado que este grupo se pondrá en marcha "de forma inmediata" gracias al aumento de agentes destinados a la Policía Autonomía. Este grupo dispondrá de un inspector en la Comunitat, y de tres subinspectores para cada una de las provincias.
Por último, Sánchez de León ha recordado las últimas cifras relativas a robos en campos, y ha indicado que el esclarecimiento de denuncias por robos se ha incrementado en 10 puntos en los últimos meses; y ha dicho que el número de detenidos en el primer trimestre de 2013 es casi el mismo número que en todo el 2012, ya que son 222 en 2013 frente a 283 de todo el ejercicio pasado.
domingo, 28 de abril de 2013
28 DE ABRIL NIEVA EN ALCUBLAS
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| La Solana vista desde la ermita de San Agustín. |
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| Desde la provincia de Castellón. |
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| Las Dueñas |
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| Escasa pero tambien en El Prao. |
miércoles, 24 de abril de 2013
Congreso local en Alcublas.
El próximo domingo 28 celebramos nuestro congreso local, el acto empezará a las 17 horas en la sede local.
El plazo de presentación de candidaturas finalizará el viernes.
Todos los afiliados están convocados a la elección y los simpatizantes están invitados a asistir al acto.
El plazo de presentación de candidaturas finalizará el viernes.
Todos los afiliados están convocados a la elección y los simpatizantes están invitados a asistir al acto.
Alcaldes de 37 pueblos pequeños se reúnen en la Diputación para pedir a Bankia servicios mínimos
■El director territorial Antonio Soto ha anunciado que mantendrá tres meses más los cajeros automáticos en las poblaciones donde se han cerrado las entidades y que se pondrá en marcha una ruta de “Ofibuses”
■Rus muestra su predisposición a que la Diputación colabore para que las pequeñas poblaciones tengan más servicios bancarios
El presidente de la de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha reunido esta tarde a 37 alcaldes de la provincia para que escuchen de manos del director territorial de Bankia, Antonio Soto, las soluciones que van a poner en marcha ante la falta de servicios financieros y otras opciones.
El acto, que se ha desarrollo en el Salón de Plenos de la corporación provincial, ha contado también con la presencia del vicepresidente Juan José Medina y los diputados Máximo Caturla, Amparo Mora, Carlota Navarro, Oreto Segura y Raúl Pardos.
Antonio Soto ha explicado las soluciones existentes para aquellos pueblos que vayan a quedarse sin este servicio, como mantener los cajeros de las entidades que se han cerrado durante tres meses más para que los clientes puedan seguir operando. “Hemos contratado el servicio de blindados y de incidencias”, añade.
Otra de las acciones que, según Soto, pondrá en marcha Bankia, es la creación de una ruta de “Ofibuses”, “una sucursal con ruedas, terminal y cajero automático que dará servicio a los municipios de Castellón y de Valencia, uno por provincia”.
En este sentido, Soto ha explicado que en este momento “se están definiendo las rutas, que tendrán una periodicidad de entre dos y cuatro veces al mes para poder dar un servicio presencial”.
El director territorial de Bankia también ha contemplado la posibilidad de que Mapfre albergue oficinas de distribución bancaria: “Estamos trabajando en ello para que desde estos espacios se puedan abrir cuentas, pedir préstamos y, probablemente, disponer de un servicio de cajero automático”.
Igualmente, Soto ha contemplado como solución ofrecer el servicio de un agente financiero por comarca para atender a los clientes.
Por último, el directivo ha mencionado la opción de instalar cajeros automáticos en aquellos municipios que vayan a quedarse sin ninguno si se dispone de un local gratuito con unas operaciones mínimas a la semana.
Preocupación
Por su parte, los alcaldes expresaron su intranquilidad y preocupación hacia la inexistencia de servicios bancarios en sus municipios e hicieron referencia a la angustia de sus vecinos por no saber qué va a suceder. Los representantes locales solicitaron a Soto con urgencia el desarrollo de las posibles soluciones, como los “Ofibuses”, el ofrecimiento de servicios financieros en las oficinas de Mapfre, los agentes financieros o la instalación de cajeros en los ayuntamientos.
Respuesta rápida
El presidente Rus agradeció a Soto sus explicaciones a los alcaldes y sus predisposición para dar la mejor de las soluciones y urgió, así mismo, al alto representante de Bankia a que dé pronto una repuesta concreta de las posibles medidas que se van a arbitrar en breve, porque los alcaldes han de responder ante su población, “que vive con angustia la pérdida de este servicio”.
Rus precisó que si antes de la crisis la presencia de las sucursales en los pequeños pueblos era una cuestión de rentabilidad social, ahora se contempla como un asunto de rentabilidad económica y, por ello, anunció que la Diputación de Valencia “estaría dispuesta a contemplar la posibilidad de ayudar -de la mano de los alcaldes- para que se puedan prestar más servicios bancarios a los ciudadanos.
“El grave problema – dijo- es que si los pueblos se quedan sin servicios que ofrecer a sus habitantes, se van a quedar despoblados”.
■Rus muestra su predisposición a que la Diputación colabore para que las pequeñas poblaciones tengan más servicios bancarios
El presidente de la de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha reunido esta tarde a 37 alcaldes de la provincia para que escuchen de manos del director territorial de Bankia, Antonio Soto, las soluciones que van a poner en marcha ante la falta de servicios financieros y otras opciones.
El acto, que se ha desarrollo en el Salón de Plenos de la corporación provincial, ha contado también con la presencia del vicepresidente Juan José Medina y los diputados Máximo Caturla, Amparo Mora, Carlota Navarro, Oreto Segura y Raúl Pardos.
Antonio Soto ha explicado las soluciones existentes para aquellos pueblos que vayan a quedarse sin este servicio, como mantener los cajeros de las entidades que se han cerrado durante tres meses más para que los clientes puedan seguir operando. “Hemos contratado el servicio de blindados y de incidencias”, añade.
Otra de las acciones que, según Soto, pondrá en marcha Bankia, es la creación de una ruta de “Ofibuses”, “una sucursal con ruedas, terminal y cajero automático que dará servicio a los municipios de Castellón y de Valencia, uno por provincia”.
En este sentido, Soto ha explicado que en este momento “se están definiendo las rutas, que tendrán una periodicidad de entre dos y cuatro veces al mes para poder dar un servicio presencial”.
El director territorial de Bankia también ha contemplado la posibilidad de que Mapfre albergue oficinas de distribución bancaria: “Estamos trabajando en ello para que desde estos espacios se puedan abrir cuentas, pedir préstamos y, probablemente, disponer de un servicio de cajero automático”.
Igualmente, Soto ha contemplado como solución ofrecer el servicio de un agente financiero por comarca para atender a los clientes.
Por último, el directivo ha mencionado la opción de instalar cajeros automáticos en aquellos municipios que vayan a quedarse sin ninguno si se dispone de un local gratuito con unas operaciones mínimas a la semana.
Preocupación
Por su parte, los alcaldes expresaron su intranquilidad y preocupación hacia la inexistencia de servicios bancarios en sus municipios e hicieron referencia a la angustia de sus vecinos por no saber qué va a suceder. Los representantes locales solicitaron a Soto con urgencia el desarrollo de las posibles soluciones, como los “Ofibuses”, el ofrecimiento de servicios financieros en las oficinas de Mapfre, los agentes financieros o la instalación de cajeros en los ayuntamientos.
Respuesta rápida
El presidente Rus agradeció a Soto sus explicaciones a los alcaldes y sus predisposición para dar la mejor de las soluciones y urgió, así mismo, al alto representante de Bankia a que dé pronto una repuesta concreta de las posibles medidas que se van a arbitrar en breve, porque los alcaldes han de responder ante su población, “que vive con angustia la pérdida de este servicio”.
Rus precisó que si antes de la crisis la presencia de las sucursales en los pequeños pueblos era una cuestión de rentabilidad social, ahora se contempla como un asunto de rentabilidad económica y, por ello, anunció que la Diputación de Valencia “estaría dispuesta a contemplar la posibilidad de ayudar -de la mano de los alcaldes- para que se puedan prestar más servicios bancarios a los ciudadanos.
“El grave problema – dijo- es que si los pueblos se quedan sin servicios que ofrecer a sus habitantes, se van a quedar despoblados”.
viernes, 19 de abril de 2013
REFORMA DE LA LEY DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
INFORME SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DE CONSUMIDORES Y USUARIOS PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN EN TODAS LAS TRANSACCIONES A DISTANCIA
El Anteproyecto incorpora la Directiva Europea de Derechos de los Consumidores, refuerza la seguridad jurídica de los consumidores y empresarios en operaciones de comercio electrónico,
Amplía el plazo legal para que el consumidor pueda desistir del contrato a un mínimo de catorce días naturales. En caso de no haber recibido la información precisa, se amplía hasta doce meses.
El consumidor siempre tendrá que aceptar el precio final antes de que concluya la transacción, lo que evitará las "cargas encubiertas".
En los contratos telefónicos el consumidor y usuario sólo quedará vinculado una vez haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito en papel, por fax, correo electrónico o SMS.
El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Se trata de la Ley con la que se adaptará a la legislación española una Directiva comunitaria sobre los derechos de los consumidores.
Su objetivo principal es reforzar la seguridad jurídica, tanto de los consumidores, como del empresario que formalizan transacciones a distancia. El Anteproyecto introduce medidas encaminadas a reducir la desigualdad de posiciones entre ambas partes, evitando situaciones de desprotección de los consumidores.
Los principales ejes en los que se articulan las novedades de la futura Ley son los siguientes:
Información. Se amplía la información precontractual que, por ley, habrá que facilitar a los consumidores y usuarios, en general y, en particular, cuando formalicen contratos a distancia. Tendrá que ser clara y comprensible.
Derecho de desistimiento. Se introducen nuevas garantías en cuanto a la posibilidad de renunciar o desistir del contrato. Asimismo, se amplía el plazo en el que se puede ejercer: de los 7 días hábiles actuales a 14 días naturales. En el caso de que no se hubiera informado al consumidor de que puede ejercer este derecho, el plazo queda automáticamente ampliado a 12 meses. La nueva norma, además, incorporará un formulario de desistimiento común en Europa, que facilita el ejercicio de este derecho y que se tendrá que facilitar junto con la información previa al contrato.
Nuevos derechos. El Anteproyecto dota a los consumidores de nuevos derechos, referidos a la forma y los plazos de entrega y el riesgo de pérdida o deterioro del bien adquirido, entre otros.
Se trata de una regulación necesaria, si se tiene en cuenta el importante crecimiento del comercio electrónico y las transacciones a distancia en los últimos años en España.
Cargas encubiertas
Entre las novedades del Anteproyecto figuran medidas para evitar las denominadas "cargas encubiertas". Así, el empresario tendrá que velar porque el consumidor, al realizar un pedido a través de Internet, confirme que es consciente de que éste implica una obligación de pago. De este modo, el usuario siempre tendrá que aceptar el precio final antes de que concluya la transacción.
Si el empresario no obtiene el consentimiento expreso del consumidor para un pago adicional al acordado y, en su lugar, lo deduce utilizando opciones por defecto, el usuario tendrá derecho al reembolso del pago.
En cuanto a los cargos adicionales que pueden derivarse de los contratos formalizados a distancia, el Anteproyecto establece nuevas reglas. Por ejemplo, en el caso de que el empresario decida habilitar una línea telefónica para comunicarse con sus clientes en relación con el contrato, el uso de esta línea no podrá suponer un coste superior al de la tarifa básica.
Además, los empresarios no podrán facturar al consumidor cargos por el uso de determinados medios de pago que superen el coste al que tienen que hacer frente ellos por el uso de los mismos.
Contratos telefónicos
Por otra parte, el Anteproyecto aborda la contratación telefónica de bienes y servicios y propone un sistema que proteja a los consumidores y usuarios, y que, al mismo tiempo, no supone cargas excesivas para los empresarios. Se trata de un modelo consensuado entre el Ministerio de Sanidad, a través del Instituto Nacional de Consumo, y el Ministerio de Industria.
En los casos en los que la empresa sea la que se ponga en contacto telefónico con un usuario para formalizar el contrato, deberá confirmar la oferta por escrito o, salvo oposición expresa del consumidor, en un soporte duradero.
La oferta no será vinculante hasta que el consumidor haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito ya sea en papel, por fax, correo electrónico o por un mensaje de SMS.
De este modo, se asegura que el consumidor es plenamente consciente de lo que está aceptando al garantizarse adecuadamente que recibe la información precontractual obligatoria, algo que no es posible si el proceso completo se lleva a cabo en una única conversación telefónica.
Con estas novedades se articula la nueva regulación de un sector en auge, regulación que supondrá un avance para salvaguardar los derechos de los consumidores y usuarios y, a la vez, resultará positivo para las empresas, pues les dota de seguridad jurídica y fomentará el consumo de bienes y servicios utilizando las nuevas tecnologías.
El Anteproyecto incorpora la Directiva Europea de Derechos de los Consumidores, refuerza la seguridad jurídica de los consumidores y empresarios en operaciones de comercio electrónico,
Amplía el plazo legal para que el consumidor pueda desistir del contrato a un mínimo de catorce días naturales. En caso de no haber recibido la información precisa, se amplía hasta doce meses.
El consumidor siempre tendrá que aceptar el precio final antes de que concluya la transacción, lo que evitará las "cargas encubiertas".
En los contratos telefónicos el consumidor y usuario sólo quedará vinculado una vez haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito en papel, por fax, correo electrónico o SMS.
El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Se trata de la Ley con la que se adaptará a la legislación española una Directiva comunitaria sobre los derechos de los consumidores.
Su objetivo principal es reforzar la seguridad jurídica, tanto de los consumidores, como del empresario que formalizan transacciones a distancia. El Anteproyecto introduce medidas encaminadas a reducir la desigualdad de posiciones entre ambas partes, evitando situaciones de desprotección de los consumidores.
Los principales ejes en los que se articulan las novedades de la futura Ley son los siguientes:
Información. Se amplía la información precontractual que, por ley, habrá que facilitar a los consumidores y usuarios, en general y, en particular, cuando formalicen contratos a distancia. Tendrá que ser clara y comprensible.
Derecho de desistimiento. Se introducen nuevas garantías en cuanto a la posibilidad de renunciar o desistir del contrato. Asimismo, se amplía el plazo en el que se puede ejercer: de los 7 días hábiles actuales a 14 días naturales. En el caso de que no se hubiera informado al consumidor de que puede ejercer este derecho, el plazo queda automáticamente ampliado a 12 meses. La nueva norma, además, incorporará un formulario de desistimiento común en Europa, que facilita el ejercicio de este derecho y que se tendrá que facilitar junto con la información previa al contrato.
Nuevos derechos. El Anteproyecto dota a los consumidores de nuevos derechos, referidos a la forma y los plazos de entrega y el riesgo de pérdida o deterioro del bien adquirido, entre otros.
Se trata de una regulación necesaria, si se tiene en cuenta el importante crecimiento del comercio electrónico y las transacciones a distancia en los últimos años en España.
Cargas encubiertas
Entre las novedades del Anteproyecto figuran medidas para evitar las denominadas "cargas encubiertas". Así, el empresario tendrá que velar porque el consumidor, al realizar un pedido a través de Internet, confirme que es consciente de que éste implica una obligación de pago. De este modo, el usuario siempre tendrá que aceptar el precio final antes de que concluya la transacción.
Si el empresario no obtiene el consentimiento expreso del consumidor para un pago adicional al acordado y, en su lugar, lo deduce utilizando opciones por defecto, el usuario tendrá derecho al reembolso del pago.
En cuanto a los cargos adicionales que pueden derivarse de los contratos formalizados a distancia, el Anteproyecto establece nuevas reglas. Por ejemplo, en el caso de que el empresario decida habilitar una línea telefónica para comunicarse con sus clientes en relación con el contrato, el uso de esta línea no podrá suponer un coste superior al de la tarifa básica.
Además, los empresarios no podrán facturar al consumidor cargos por el uso de determinados medios de pago que superen el coste al que tienen que hacer frente ellos por el uso de los mismos.
Contratos telefónicos
Por otra parte, el Anteproyecto aborda la contratación telefónica de bienes y servicios y propone un sistema que proteja a los consumidores y usuarios, y que, al mismo tiempo, no supone cargas excesivas para los empresarios. Se trata de un modelo consensuado entre el Ministerio de Sanidad, a través del Instituto Nacional de Consumo, y el Ministerio de Industria.
En los casos en los que la empresa sea la que se ponga en contacto telefónico con un usuario para formalizar el contrato, deberá confirmar la oferta por escrito o, salvo oposición expresa del consumidor, en un soporte duradero.
La oferta no será vinculante hasta que el consumidor haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito ya sea en papel, por fax, correo electrónico o por un mensaje de SMS.
De este modo, se asegura que el consumidor es plenamente consciente de lo que está aceptando al garantizarse adecuadamente que recibe la información precontractual obligatoria, algo que no es posible si el proceso completo se lleva a cabo en una única conversación telefónica.
Con estas novedades se articula la nueva regulación de un sector en auge, regulación que supondrá un avance para salvaguardar los derechos de los consumidores y usuarios y, a la vez, resultará positivo para las empresas, pues les dota de seguridad jurídica y fomentará el consumo de bienes y servicios utilizando las nuevas tecnologías.
miércoles, 17 de abril de 2013
La Diputación beca a cuatro jovenes en Alcublas.
Más de 3.100 estudiantes podrán hacer prácticas en los ayuntamientos valencianos ■La Diputación de Valencia ha aprobado esta mañana en Junta de Gobierno las bases de “La Dipu te beca” que cuenta con una dotación presupuestaria de 2.515.200 euros.
■La subvención que concede la entidad provincial a los ayuntamientos sufraga el 80% de la dotación mensual bruta de la beca.
La Diputaciónde Valencia ha aprobado esta mañana en Junta de Gobierno las bases del programa de prácticas formativas ‘La Dipu te beca’ con el que se beneficiarán más de 3.100 jóvenes talentos de la provincia.
Este proyecto, que contempla la posibilidad de que los mayores de 18 años puedan realizar prácticas en los ayuntamientos durante los meses de julio y agosto, funcionará este año con una dotación presupuestaria de 2.515.200 euros.
Las bases del programa provincial “La Dipu te beca” se han aprobado con el acuerdo de todos los grupos políticos con representación en la corporación.
La finalidad de esta nueva convocatoria es la concesión de subvenciones a los municipios y entidades locales menores de la provincia de Valencia para financiar en un 80% el coste de las becas de prácticas formativas de los estudiantes en las especialidades que resulten de interés para el municipio o entidad local menor.
Los beneficiarios tendrán que realizar un mínimo de 20 horas semanales durante los meses de julio y agosto y percibirán 500 euros mensuales, de los cuales la corporación provincial subvenciona 400 euros y los 100 restantes los asumen los consistorios.
Los municipios y entidades menores podrán adjudicar las becas por plazo inferior y, en su caso, renovarlas siempre que no superen el plazo de dos meses y la duración mínima sea de 15 días.
Requisitos
Los municipios y entidades locales que deseen participar en ‘La Dipu te beca’ deberán remitir a la Diputación una solicitud en la que conste el compromiso de la entidad local de la financiación de las becas en los términos de las bases aprobadas.
Por su parte, los estudiantes que aspiren a ser destinatarios de las becas deberán presentar una petición de inscripción en los municipios de la provincia de Valencia donde deseen realizar las prácticas formativas.
Para ello, deberán estar cursando alguna de las siguientes enseñanzas oficiales: Ciclos Formativos de Formación Profesional o Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado, Diplomaturas, Licenciaturas o máster oficial impartido por las universidades.
Cabe señalar que cada estudiante sólo podrá disfrutar de una beca en un municipio simultáneamente y podrá solicitarlas en el momento en el que los ayuntamientos presenten la solicitud al programa.
Número de beca
A los municipios de menos de 3.000 habitantes les corresponden cuatro becas. Las localidades de entre 3.000 y 5.000 habitantes acogerán siete becarios mientras que los municipios de entre 5.001 y 50.000 habitantes recibirán una beca por intervalo de población mayor de 600 y menor de 700 habitantes, igual que las poblaciones que tengan más de 50.001 empadronados.
Alcublas ahorrará 14.250 euros anuales poniendo led en sus faroles Villa
Alcublas ahorrará 14.250 euros anuales poniendo led en sus faroles Villa ■El municipio de Los Serranos cambiará sus luminarias de vapor de sodio por 345 bombillas de bajo consumo
La Diputaciónde Valencia a través del Plan de Eficiencia Energética para el alumbrado público propiaciará en Alcublas un ahorro de 14.250 euros en la factura de la luz. El coste del recambio asciende a 35.937 euros que será financiado por la corporación provincial.
La población cambiará sus bombillas de vapor de sodio, de 100 watios, por 345 lámparas led de sustitución directa, de 27 y 36 watios. El recambio se producirá en el casco urbano y concretamente en los faroles Villa de 3 y 4 metros. Con el recambio de luminarias se conseguirá reducir la contaminación en 25 toneladas de CO2 en la atmósfera.
Un total de 211 municipios de la provincia se ha acogido ya al Plan de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público de la Diputación
14.600 toneladas menos de CO2 al año
El Plan de Eficiencia Energética para el alumbrado público supone una inversión de 30 millones de euros de la Diputación y pretende cambiar 200.000 puntos de luz de 150 watios por 200.000 bombillas LED de 50 watios. Con un funcionamiento de 8 horas diarias de las luminarias, se conseguirá reducir la contaminación al evitar la propagación de 14.600 toneladas de CO2 a la atmósfera al año.
La iniciativa tiene como objetivo financiar el coste total que supone la sustitución de las bombillas actuales del alumbrado público exterior por bombillas led de sustitución directa, lo que permitirá a las corporaciones locales ahorrar en la factura eléctrica y recuperar la inversión realizada en este ámbito en un año y medio.
miércoles, 10 de abril de 2013
Gestiones del alcalde de Higueruelas.
Nos hemos enterado, que Juan José Solaz el alcalde de Higueruelas hizo gestiones para que no suprimieran unidades des CRAC de Alcublas e Higueruelas, por que la intención inicial era suprimir una unidad en Higueruelas, con su gestión ha conseguido que no se suprima y a la vez se ha vuelto a crear la unidad de música, que el curso anterior se suprimió.
Desde aquí felicitamos a Juan José Solaz por el éxito de su gestión.
Desde aquí felicitamos a Juan José Solaz por el éxito de su gestión.
jueves, 4 de abril de 2013
Plan de ahorro energético de la Diputación.
Alcublas y Domeño ahorrarán en electricidad y climatización de edificios con el plan energético de la Diputación ■
Los dos municipios de los Serranos reducirán el consumo eléctrico de sus dependencias en un 25 y 30%
04/04/2013
La Diputaciónde Valencia, a través del Plan de Eficiencia Energética en edificios municipales, impulsará el ahorro en la factura de la luz de Alcublas y de Domeño mediante la instalación de medidas de ahorro energético con un plan de ahorro provincial que cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros.
Los dos municipios de los Serranos reducirán el consumo eléctrico de sus edificios y dependencias en un 25 y 30% con obras respaldadas por auditorías que cuentan con una ayuda de la Diputación del 50%, con un límite económico de 300.000 euros por estudio, lo que supone un máximo de 150.000 euros por municipio.
El Ayuntamiento de Alcublas reducirá notablemente su factura de la luz anual con la instalación de detectores de presencia en el edificio del ayuntamiento y dispositivos de gestión y monitorización del consumo eléctrico. También se sustituirán las luminarias y lámparas de este mismo inmueble y de la casa de la cultura. Las obras supondrán un coste de 55.444 euros y serán sufragadas por la institución provincial con una inversión de 27.722 euros.
Domeño, que también se ha adherido al Plan de Eficiencia Energética en edificios municipales, sustituirá los actuales puntos de luz del Ayuntamiento y del Centro Social por otras de mayor eficiencia, y se instalará un sistema de gestión térmica con control de iluminación y temperatura.
La Diputaciónde Valencia y el ayuntamiento financiarán el proyecto, que asciende a 66.690 euros, de los cuales la corporación provincial costeará el 50%.
Los dos municipios de los Serranos reducirán el consumo eléctrico de sus dependencias en un 25 y 30%
04/04/2013
La Diputaciónde Valencia, a través del Plan de Eficiencia Energética en edificios municipales, impulsará el ahorro en la factura de la luz de Alcublas y de Domeño mediante la instalación de medidas de ahorro energético con un plan de ahorro provincial que cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros.
Los dos municipios de los Serranos reducirán el consumo eléctrico de sus edificios y dependencias en un 25 y 30% con obras respaldadas por auditorías que cuentan con una ayuda de la Diputación del 50%, con un límite económico de 300.000 euros por estudio, lo que supone un máximo de 150.000 euros por municipio.
El Ayuntamiento de Alcublas reducirá notablemente su factura de la luz anual con la instalación de detectores de presencia en el edificio del ayuntamiento y dispositivos de gestión y monitorización del consumo eléctrico. También se sustituirán las luminarias y lámparas de este mismo inmueble y de la casa de la cultura. Las obras supondrán un coste de 55.444 euros y serán sufragadas por la institución provincial con una inversión de 27.722 euros.
Domeño, que también se ha adherido al Plan de Eficiencia Energética en edificios municipales, sustituirá los actuales puntos de luz del Ayuntamiento y del Centro Social por otras de mayor eficiencia, y se instalará un sistema de gestión térmica con control de iluminación y temperatura.
La Diputaciónde Valencia y el ayuntamiento financiarán el proyecto, que asciende a 66.690 euros, de los cuales la corporación provincial costeará el 50%.
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