Para qué sirve haber evitado el rescate

Las consecuencias del rescate, en la economía 

• De haber acudido al rescate y haber cedido a las presiones que recibió el Gobierno, posiblemente el desplome del PIB en 2012 hubiera sido superior al 4%, es decir, que España hubiera tenido que soportar una pérdida de riqueza de más de 40.000 millones de euros profundizando en el pozo de la recesión. Gracias a la firmeza del Gobierno y al tesón de todos los españoles, la economía española inició en el segundo semestre de 2013 una senda sólida de recuperación que le ha permitido corregir buena parte de los desequilibrios macroeconómicos dentro de un proceso de consolidación fiscal y reformas estructurales. En dos años, se ha conseguido un ajuste del déficit del conjunto de las administraciones públicas de 2,6 puntos de PIB, lo que supone casi una reducción de casi el 30% del déficit heredado en 2011. 

• En contraste con lo sucedido en España, el rescate ha supuesto para los países intervenidos su inmediata expulsión del sistema financiero. Al contrario que ellos, España no ha perdido nunca su margen de maniobra a la hora de decidir la duración y la intensidad del proceso de consolidación fiscal. Con la expulsión del sistema financiero, hubiera resultado poner en marcha los diferentes mecanismos extraordinarios de liquidez (FLA, proveedores…) para las comunidades autónomas y entidades locales. 

• Es altamente probable que España tuviese que haber soportado un incremento superior del IVA (Grecia y Portugal tuvieron que situar el tipo impositivo del IVA en el 23%). 

• Una rebaja de impuestos como la que hemos conocido a partir de este mes de enero no hubiera sido posible si España estuviera sometida a un programa de rescate, entre otras razones porque las exigencias de la senda de consolidación presupuestaria habrían sido mucho mayores que las que han emanado de Bruselas para los países más endeudados de la zona euro. 

• Frente a estas alternativas, el Gobierno siempre apostó por mantener la autonomía de la política económica, lo que ha servido para que los mercados y los inversores internacionales recuperen la confianza en España y para ordenar de forma racional un programa de reformas que ha afectado a todos los sectores de la economía y ha favorecido un saneamiento fiscal diferenciado incentivador del crecimiento, el restablecimiento de las condiciones normales de préstamo a la economía, el fomento de la competitividad, la lucha contra el desempleo y la modernización de las administraciones públicas.

Las consecuencias del rescate, en la política social 

• Mientras que en España no ha menguado el poder adquisitivo de las pensiones durante los años más duros de la crisis, los pensionistas griegos han conocido recortes de hasta el 20%, los de Irlanda del 4% en el caso de los empleados públicos y los de Portugal la congelación de sus ingresos, una medida, esta última, que en el caso español solo se dio durante el Gobierno del PSOE. 

• España ha mantenido durante la última recesión las prestaciones sociales, algo que ha beneficiado especialmente a las capas de población con menores ingresos. La secuencia de lo que hemos conocido contrasta con las realidades de los países rescatados, donde uno de cada cinco griegos ha encontrado dificultades para acceder a productos básicos; de Irlanda, donde entre 2009 y 2012 las personas en riesgo de pobreza aumentaron casi en un 15%; o de Portugal, donde la población en riesgo de pobreza alcanzaría casi el 47% si solo se computaran los ingresos obtenidos por el trabajo, sin contar las ayudas sociales. 

• Sanidad y educación han podido ser, gracias a que se evitó el rescate, dos áreas prioritarias para el Gobierno en los presupuestos de los últimos años. Si España hubiera sido intervenida, probablemente se hubiera visto obligada a sufrir recortes que en Grecia han superado el 33% en la segunda de estas partidas y han terminado dejando al 30% de la población sin acceso a la sanidad pública, costes que también han asumido en diferentes medidas los irlandeses, los portugueses y los chipriotas. 

• Pese a que la función pública es uno de los sectores que ha soportado el peso de las políticas de austeridad, entre otras razones porque el Gobierno aplazó la paga extra de diciembre de 2012 de los funcionarios y ha limitado el crecimiento de las plantillas, las administraciones públicas se han librado de las experiencias conocidas en Grecia, Irlanda, Portugal o Chipre. En el primero de estos países, sus funcionarios han visto reducidos sus ingresos mediante una fuerte rebaja de la paga extra y una bajada media de su sueldo del 12%. En Portugal, estas reducciones de sueldo han llegado a alcanzar en algunos casos hasta el 60%.