CONVENCIÔN AUTONÒMICA SOBRE FINANCIACIÒN LOCAL

 1.- INTRODUCCIÓN.
La situación económica vivida en España en los últimos años ha supuesto que con el paso del tiempo,  la mayoría de los Ayuntamientos haya adquirido mayores competencias de hecho financiadas con el  incremento de ingresos vinculados a la situación económica del momento, lo cual ha comportado un incremento en la prestación de nuevos servicios, en capital humano, en el mantenimiento de las obras existentes y la exigencia de otras nuevas, así como de otras obligaciones económicas sujetas a nuevas expectativas.
Desde mediados de 2007 pudimos ver cómo en nuestros Ayuntamientos los ingresos iban disminuyendo progresivamente, mientras escuchábamos por parte del presidente “Zapatero” y su  vicepresidente económico de aquel entonces (Sr. Solbes), palabras vacías de ideas y llenas de incertidumbre, por no decir falsedad. Frases tan acertadas como:
·         25 abril 2007 (Solbes): “yo no veo afectado para nada el sector de la construcción. Específicamente sigue funcionando igual, con una ligera desaceleración”.
·         17 agosto 2007 (Solbes): “Los efectos de la crisis hipotecaria estadounidense tendrán un impacto relativamente pequeño en la economía española”.
·         21agosto 2007 (Zapatero): “España está a salvo de la crisis financiera”.
·         4 febrero 2008 (Zapatero): En la propaganda electoral uno de los lemas estrella de la campaña: “Por el pleno empleo”.
·         11 febrero 2008 (Solbes): “Los que auguran el riesgo de recesión no saben nada de economía. Estoy harto y agotado por la cantidad de tonterías que oigo últimamente sobre el mundo económico. La economía española crecerá en la próxima legislatura a un ritmo cercano al 3% lo que permitirá crear 1,6 millones de nuevos empleos y mantener la tasa de paro en torno al 8 % de la población activa”.
·         Septiembre 2008 (Zapatero y Castro): “la financiación local se abordará de forma vinculada y simultánea a la financiación de las Comunidades Autónomas”.
El Presidente del Gobierno, a pesar de la crítica situación por la que están atravesando las Corporaciones Locales, ha incumplido todos sus compromisos, impidiendo que el nuevo modelo de financiación local se haya aprobado simultáneamente con el de las Comunidades Autónomas, y anunciando que no habrá reforma hasta 2011.
En este periodo de crisis, esta decisión es absolutamente injusta y pone en serio riesgo la capacidad de financiación de las competencias municipales y la prestación de los servicios públicos y sociales que demandan los ciudadanos.
La crítica situación económica por la que atraviesan las Corporaciones Locales, especialmente agravada por la crisis existente y el incumplimiento del Gobierno al no aprobar el nuevo modelo de financiación local, prometido en 2004 y en 2008 otra vez, se volverá insostenible a partir de 2010, ya que los Presupuestos Generales del Estado recortan en 3.579 millones de euros las cantidades transferidas a las Corporaciones Locales, sin que el parche del 20% del 2º Plan E, que equivale a 1.000 millones de euros destinados a gasto corriente social, compense la enorme reducción de transferencias corrientes en la Participación en los Ingresos del Estado (PIE).
A ello se suman, entre otras, la importantísima reducción de ingresos que sufrimos los Ayuntamientos por la modificación en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el año 2004, que el Gobierno del PSOE no compensó adecuadamente, como era el compromiso del PP con los Ayuntamientos, y las peticiones de la FEMP, con un déficit de 229 millones de euros menos en la compensación.
La eliminación y modernización de sistemas de telefonía ha derivado en la reducción de los ingresos por telefonía fija, pues aunque existan soluciones alternativas, como las ordenanzas locales que graven la telefonía móvil, esta actuación ha tardado un tiempo en madurarse y hasta la fecha todas las ordenanzas son recurridas por las compañías operadoras, con la incertidumbre y la inseguridad jurídica del resultado del contencioso judicial.
También las haciendas locales están viéndose seriamente afectadas por el descenso de la recaudación en los tributos propios y el incremento de los gastos en políticas sociales, derivados de la dramática situación por la que atraviesan muchas familias españolas a causa de la crisis económica y del aumento del paro.
Al día de hoy, el problema estructural de la financiación local se lleva arrastrando en España, debido, entre otras causas, a los servicios que prestan los Ayuntamientos sin ser de su competencia (las denominadas “competencias impropias”), por ser la Administración más cercana a los vecinos y sensible a su demanda. Por ello, se hace obligatorio poner en marcha de manera inmediata reformas institucionales y financieras que permitan redefinir sus competencias y empezar a dar solución a este problema, que representa casi el 30% del gasto público de las Corporaciones Locales y un coste de 7.000 millones de euros.
Durante este último año Zapatero ha preferido ignorar la realidad que están sufriendo nuestra economía y nuestros Ayuntamientos, y la única línea de actuación planteada ha sido un crecimiento del gasto público sin precedentes, un aumento de la deuda pública como nunca hubo en nuestro país (se estima que en marzo de 2010 nuestro déficit supondrá el 10 % del PIB, aproximadamente unos 100.000 millones de euros de deuda), una tasa de paro en torno al 20 %, un crecimiento negativo como indican los últimos valores negativos del PIB, y todo ello acompañado de un IPC negativo en la mayor parte del 2009, que se ha cerrado con un IPC del 0,9% armonizado en diciembre.
Este es el fruto de las medidas del Gobierno Socialista, que se limitó el año pasado a aprobar un Fondo Estatal de Inversión Local, destinado únicamente a financiar la realización de obras de carácter municipal, que no ha solucionado el grave problema estructural que padecen los Ayuntamientos, ni ha resuelto la situación de los cuatro millones de parados que prácticamente ya hay en España.
En este mismo sentido, se acaba de convalidar el RDL que regula el nuevo Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Social, supuestamente destinado a inversiones productivas en los municipios, y el Gobierno, desoyendo el clamor del municipalismo español, sólo ha permitido que los ayuntamientos dediquen un 20 % del citado fondo para gasto corriente relacionado con servicios sociales y educativos, cuando desde la FEMP se solicitaba un 60%, con 3.000 millones de euros, con el que compensar la reducción de la PIE.
De ahí que hoy reflexionemos sobre la situación en la que estamos y sobre cómo queremos estar en un futuro inmediato. Queremos estar preparados y con ideas para afrontar los nuevos retos a medio y largo plazo, no con ocurrencias que provoquen un empeoramiento de la crisis, como sucede con las propuestas del desgobierno de España.
Con el marco legislativo vigente, se pueden adoptar varias medidas para ayudar a las Entidades Locales a maximizar sus ingresos de forma que entre todos podamos abordar esta crisis en las mejores condiciones.