La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se reunirán esta semana para buscar salidas a la dramática situación de los desahucios. Según ha podido saber ABC de fuentes solventes, el Gobierno ofrecerá al PSOE la posibilidad de obligar a las entidades nacionalizadas - por el momento Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia- a ser más flexibles ante estas situaciones límite. En ningún caso se llegaría a aceptar la dación en pago, como pretende el PSOE, pero sí se puede obligar a estos bancos, en los que el capital público es mayoritario, a buscar alternativas a los desahucios.
Así, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este martes en una entrevista que este miércoles se reunirá la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con «una de las máximas responsables» del PSOE para abordar medidas para paliar los desahucios. Rajoy ha recordado el código de buenas prácticas que se elaboró para los bancos hace unos meses y ha asegurado que ahora van a evaluar los resultados del plan.
De este modo el Ejecutivo podría salir al paso de las críticas, muchas de ellas provenientes del propio PSOE, que denuncian que se está salvando a los bancos, pero no a los ciudadanos. En este sentido, el Ejecutivo está dispuesto a aceptar algunas de las propuesta que el Partido Socialista ha incluido en la proposición de ley que presentó el pasado 31 de diciembre de medidas contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia, de forma que se pueda llegar a un acuerdo sobre la reforma.
Entre las medidas que podrían incluirse, estaría la de elevar el límite del precio de las viviendas que se fijó el pasado mes de marzo para poder acogerse al código de buenas prácticas al que se han adherido la mayoría de las entidades financieras. Estos límites estaban fijados en un máximo de 200.000 euros para municipios de más de un millón de habitantes y de 120.000 para los de hasta 100.000 habitantes.
Actuación en tres fases
El citado código de buenas prácticas prevé una actuación en tres fases para ayudar a los ciudadanos que tienen problemas para pagar sus hipotecas. La primera consiste en una reestructuración de la deuda hipotecaria: dar una carencia de cuatro años, ampliar el plazo de la hipoteca hasta cuarenta años y reducir el tipo de interés a euribor más 0,25% durante la carencia.
El segundo paso que ya prevé este código es que las entidades ofrezcan una quita sobre la deuda. Y por último, si ninguna de las dos medidas anteriores da resultado, las entidades deberían aceptar la dación en pago y las familias podrían permanecer en su vivienda durante un plazo de dos años con una renta baja.
Para poder acogerse a estas medidas, el deudor debe cumplir unas condiciones que se definen en el llamado umbral de exclusión. Estas condiciones son que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas de trabajo o de actividades económicos o de otros bienes para hacer frente a la deuda; que la cuota hipotecaria sea superior al 60% de los ingresos que perciba el conjunto de la familia. En principio, el Ejecutivo no prevé cambiar estos umbrales.
Hasta el momento, 568 operaciones hipotecarias han solicitado acogerse a este código de buenas prácticas, según fuentes gubernamentales, aunque se han resuelto un número bajo.
En el seno del Ejecutivo se ha constituido una comisión en la que está incluido el ministro de Economía, Luis De Guindos, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y al de Hacienda, Cristóbal Montoro, para estudiar las nuevas medidas que podrían adoptarse.
Hace 11 años
3 comentarios:
No se puede entender como hemos llegado a estos estremos,que una persona se quede sin trabajo,y que por no poder pagar su vivienda se la quiten,ya se que hay una ley que incita a la responsabilidad,pero habrá que estudiar los casos,en esta sociedad todos hemos apostado y ahora todos hemos perdido,pero lo que no se puede admitir es que el más débil sea el más perjudicado.
Si se demuestra que una persona esta sin trabajo,que intenta tenerlo,que tiene interés de seguir pagando cuando consiga su medio de vida,se le tiene que facilitar que siga en su vivienda.
Ahora bien,si es un tarambana,vividor y un maltrabaja,a por él.
Los Españoles somos la mayoría trabajadores ,se a demostrado en la historia que nos gusta tener nuestras pertenencias a ser posible individuales y privadas a base de esfuerzo y trabajo,con lo cual si no hay trabajo poco esfuerzo se puede hacer,pero eso no lo debe pagar los trabajadores solamente ,también deben involucrarse los demás agentes sociales ,gobiernos,empresas,sindicatos y banca .
PERO QUE AUTORIDAD MORAL TIENEN LOS QUE TENÍAN QUE ESTAR EMBARGADOS POR INSOLVENTES Y MOROSOS, PARA EMBARGARME A MÍ
Lo que esta pasando es muy fuerte.
Gente que ha comprado un piso por doscientos mil euros, despues de estar pagando seis años, solo han devuelto intereses, y ahora el banco se les tasa por cien mil, con lo cual les embargan el piso, y les queda una deuda de cien mil euros a pagar durante toda la vida al banco.
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