Sobre las huelgas en general y sobre la huelga general en particular

Por Esperanza Aguirre


En la España predemocrática, en esos meses que transcurren desde la aprobación por Referéndum de la Ley para la Reforma Política el 15 de diciembre de 1976 y la aprobación de la Constitución el 6 de diciembre de 1978, los gobiernos de Adolfo Suárez tuvieron que dictar un enorme número de resoluciones, disposiciones y decretos para, como había dicho el propio Suárez el 9 de junio de 1976 en las Cortes, “elevar a la categoría política de normal, lo que a nivel de calle es plenamente normal”.

Entre la ingente producción normativa de aquellos meses destaca, por ejemplo el Real Decreto-Ley sobre Normas Electorales de 18 de marzo de 1977, que, con algunas modificaciones, sigue marcando las líneas por las que se rigen nuestras Elecciones todavía hoy.

Unos días antes, el 4 de marzo de 1977, se promulgaba otro Real Decreto-Ley sobre Relaciones Laborales que, bajo ese título un tanto eufemístico, lo que hacía era regular el derecho de huelga, que había estado prohibido durante el franquismo (habría que decir que en mayo de 1975, todavía con Franco vivo, se publicó un Decreto-ley que ya reconocía el derecho a la huelga, bien que con muchas limitaciones). Apenas tres meses después, en junio de 1977, se celebraron las primera Elecciones democráticas en España, que nos llevaron a nuestra Constitución de 1978. En el texto constitucional se dice expresamente (art. 28.2) que “Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad” (el subrayado es mío).

Como se ve, la Constitución ya preveía que una Ley regularía el ejercicio de huelga. Pues bien, la Constitución va a cumplir sus primeros 34 años y todavía ningún gobierno ha cumplido el mandato constitucional y ha legislado sobre ese derecho. Así resulta que las huelgas se siguen rigiendo por un Real Decreto-ley preconstitucional, que, además, tiene 35 años largos de vigencia y que ha demostrado cumplidamente que no da adecuada respuesta a los cambios que se han producido en España en estos años experimentado las relaciones laborales.

Pues bien, el artículo 11 de ese Real Decreto-ley de 1977 dice lo siguiente:
“Artículo 11.
La huelga es ilegal:

a. Cuando se inicie o sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados.

b. Cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente al interés profesional de los trabajadores afectados.

c. Cuando tenga por objeto alterar, dentro de su período de vigencia, lo pactado en un convenio colectivo o lo establecido por laudo.

d. Cuando se produzca contraviniendo lo dispuesto en el presente Decreto-ley, o lo expresamente pactado en convenio colectivo para la solución de conflictos” (también aquí el subrayado es mío).

Creo que, para la inmensa mayoría de los ciudadanos y, desde luego, para los convocantes, la huelga general del próximo día 14 está inmersa en el párrafo a) de este artículo, porque todos ellos saben que la finalidad de esa huelga, como pasará con todas las huelgas generales que se convoquen aquí o en Lima, es política. Y es política porque lo que se pretende con la huelga general es que el gobierno, legitimado para dirigir la política económica de la Nación, cambie esa política en la línea que le marcan los convocantes. Unos convocantes que pueden hacer públicas sus aspiraciones y sus pretensiones pero que, en ningún caso, están legitimados para dictar la política económica de la Nación.

Es decir, los convocantes de la huelga general del próximo día 14 están haciendo un uso torticero del derecho de huelga porque es indisimulable su carácter político, es decir, su pretensión de doblar el brazo a un gobierno democrático y legítimo.

Y aquí sería bueno reflexionar sobre los orígenes de ese importantísimo derecho. La huelga nació como último recurso para dirimir las posibles querellas laborales que surjan en el seno de las empresas. Llegado el caso de que sus reivindicaciones concretas no son satisfechas por la dirección de una empresa, los trabajadores deciden parar de trabajar un cierto periodo de tiempo para forzar a la dirección a cambiar de postura. Los trabajadores saben que pierden unos salarios, desde luego, pero calibran que, si la empresa cede a sus reclamaciones, los beneficios futuros serán mayores que las pérdidas de los salarios que, durante la huelga, les retengan. Los empresarios, por su parte, tienen que calibrar si las pérdidas en la producción que van a tener por la huelga les compensan de no aceptar las reclamaciones de los trabajadores. Es un ten con ten, que, con mucha frecuencia, termina en un acuerdo. Es decir, las huelgas son instrumentos de presión de los trabajadores frente a sus empresarios. Para eso nacieron.

Ahora bien, ¿contra qué empresarios se convoca esta llamada huelga general? Contra ninguno, aunque todos puedan sufrir sus efectos, sin tener, siquiera, la posibilidad de ceder a las reivindicaciones de los trabajadores para evitar las pérdidas en la producción que van a tener. La huelga general se convoca exclusivamente contra el Gobierno, que tiene que responder ante la Nación representada en el Parlamento, pero no ante los sindicatos ni ante la patronal. Y hay que recordar que el Gobierno tiene unos compromisos con los ciudadanos, en forma de programa electoral, que tiene que cumplir. Y en la hora actual su primer compromiso es embridar el caos económico heredado. Por muchos esfuerzos que nos cueste a todos. De manera que, si el Gobierno cediera ante la presión de los sindicatos, estaría incumpliendo su principal compromiso con la Nación y estaría obedeciendo al dictado de unos señores, todo lo respetables que se quiera pero sin legitimidad para hablar en nombre del conjunto de los españoles, que sí hablaron en las urnas con una claridad meridiana hace justo un año.

El carácter político de las huelgas generales creo que está fuera de toda duda. Y, con la legislación hoy vigente, deberían estar prohibidas.