UGT-A asegura que se le han borrado 1.756 archivos

EL MUNDO
El sindicato UGT de Andalucía ha denunciado este martes el borrado de 1.756 archivos que se guardaban en los ordenadores del sindicato y que podrían estar vinculados a los expedientes en los que se han detectados facturas falsas y que están siendo investigados por la juez Mercedes Alaya.
No es la primera vez que la organización sindical, sumida en una profunda crisis interna a raíz del escándalo por el presunto desvío de subvenciones, habla de 'robo' de archivos. De hecho, una vez que se conocieron los primeros documentos que demostraban las cuentas ocultas del sindicato, la dirección de UGT en Andalucía acusó de filtrar esos documentos a trabajadores de la organización, y abrió una investigación interna para averiguar quién estaba detrás de esas 'filtraciones'.
La 'caza de brujas' interna no consiguió, sin embargo, que se siguieran conociendo nuevos detalles de la doble contabilidad de UGT-A, entre ellos el desvío de las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía, la creación de un 'bote' donde se transferían los ingresos derivados de las facturas infladas o el cobro irregular de comisiones. El sindicato, según ha reconocido, llegó a abrir expediente a tres trabajadores por estos hechos. En dos de los casos, la investigación concluyó con una amonestación y en un tercero la 'investigación' sigue abierta.
Sin embargo, el sindicato ya no habla sólo de 'filtradores' internos o externos que estarían buscando perjudicar a la organización, sino que ahora pone el acento en la desaparición de unos archivos que podrían ser relevantes para la investigación abierta, tanto la que instruye Mercedes Alaya, como la iniciada por la Junta de Andalucía, que ha puesto bajo sospecha nada menos que 7,5 millones de euros en subvenciones, habiendo pedido ya la devolución de dos importantes ayudas con un valor total de 1,8 millones de euros.
El sindicato es consciente de que la 'pérdida' de estos archivos puede interpretarse como un intento de UGT de obstaculizar la labor de la Justicia. El secretario de Organización, Manuel Ferrer, ha admitido su temor de que la opinión pública interprete esto como una excusa para tapar las presuntas irregularidades UGT-A denunciará el caso en los tribunales, anunció Ferrer, "cuando reúna las pruebas suficientes".
El dirigente sindical también ha informado de la intención del sindicato de devolver los más de 88.000 euros que se destinaron a la compra de unos maletines falsificados, recurriendo para ello a un proveedor que fabrica en Asia, y para lo que se usó un diseño 'pirateado' de la firma Salvador Bachiller.

Una investigación a cargo de la juez Alaya

La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, tramita las denuncias sobre las facturas falsas de UGT. El caso recayó en esta magistrada porque, a raíz de sus pesquisas sobre los ERE irregulares financiados con dinero de la Junta de Andalucía, abrió otra pieza sobre la financiación irregular de los sindicatos UGT y CCOO.
Al tener abierta una investigación sobre los sindicatos desde hace tiempo, el juez decano de Sevilla decidió que fuera esta misma magistrada la que asumiera las nuevas denuncias interpuestas por el colectivo Manos Limpias sobre las facturas falsas de UGT y el desvío de fondos públicos. Esta investigación judicial se encuentra bajo secreto de sumario y poco ha trascendido de ella.
A la juez Alaya remitió también un informe sobre este asunto la Fiscalía Superior de Andalucía que dirige Jesús García Calderón.
La Fiscalía Superior abrió de oficio unas diligencias de investigación el pasado agosto, tras las informaciones de EL MUNDO. La Unidad de Policía Adscrita se encargó de hacer este informe e incluso llegó a tomarle declaración a proveedores de UGT que supuestamente se habían prestado a hacer las facturas falsas.