Comunicado del Partido Popular

19 de julio de 2009 - PP

El Partido Popular denuncia que, con ocasión de las investigaciones judiciales del llamado “caso Gürtel”, está siendo objeto de una campaña sistemáticamente programada y ejecutada de ataque y desprestigio de sus cargos públicos y del propio partido, en la que se utilizan de manera ilegítima los medios del Estado y, como instrumento de difusión, a un determinado grupo de comunicación.



1. A las primeras filtraciones de las actuaciones sumariales secretas, nunca investigadas pese a nuestras reiteradas denuncias, en las que se conculcaba el derecho a la defensa y la presunción constitucional de inocencia, vienen a unirse, en las ultimas semanas, filtraciones de conversaciones telefónicas realizadas por la Policía Judicial y que, sin formar parte en algunos casos de las actuaciones sumariales, se utilizan ilegítimamente para menoscabar el honor de las personas y hacerles daño personal y político con fines claramente partidistas.



2. En un Estado democrático de Derecho el respeto al honor de las personas y al secreto de las comunicaciones, son derechos fundamentales, que están obligados a respetar, de manera especialmente cuidadosa, los servidores públicos y, en concreto, el Ministerio del Interior y la Policía Judicial de él dependiente, y los medios de comunicación que respeten las reglas de la sociedad democrática.



3. Por eso resulta especialmente intolerable y una gravísima conculcación que el Ministerio del Interior, que ha de velar por la libertad y la seguridad de todos los españoles con independencia de su ideología, sea quién esté inmerso en casos tan flagrantes de vulneración de los derechos fundamentales y de abuso perverso y abusivo de los instrumentos con los que cuenta un Estado Derecho.



4. El Partido Popular recuerda que estas conductas no son irrelevantes ni penal, ni políticamente, sino que, por el contrario, son constitutivas de graves delitos y no menos graves responsabilidades políticas. Asimismo, manifiesta que la utilización de funcionarios públicos para realizar tan graves actuaciones, no hace sino agravar aún más las consecuencias, tanto para los que dan las órdenes, como para los que las ejecutan, arrojando injustamente dudas de manera indiscriminada sobre la conducta honrada de la mayoría de todos ellos.



5. Quienes de forma concertada, y amparándose en la libertad de expresión, colaboran dando publicidad a estas conductas, sin dar valor a los desmentidos previos y ampliando así los efectos dañosos, se sitúan, por propia decisión, al margen de la libertad de expresión que dicen defender, y de cualquier regla deontológica de la profesión periodística.



6. La actitud del Gobierno de la Nación, y de otras instituciones del Estado como la Fiscalía General, de connivencia y aprovechamiento político de estas conductas, nos devuelven a épocas pasadas con métodos propios de un Estado policial.



7. El Partido Popular quiere hacer un llamamiento a la opinión pública española e internacional sobre las tremendas consecuencias que para una democracia tiene tratar de aniquilar al primer partido de la Oposición usando para ello los instrumentos del Estado.



En consecuencia, el Partido Popular anuncia que:



1. Defenderá la dignidad de sus siglas, a sus dirigentes y militantes, que representan legítimamente a más de 10 millones de españoles por todos los medios a su alcance y en todas las instancias nacionales e internacionales que fuera preciso.



2. Reclama de todas las instituciones públicas y sociales y en especial del Poder Judicial, la especial vigilancia de cualquier conducta que tenga por objeto menoscabar de forma sectaria los derechos de los ciudadanos con la utilización de forma ilegítima los medios del Estado de Derecho.



3. Anuncia que exige la comparencia conjunta y urgente de los Ministros de Interior y de Justicia para que den cuenta de las filtraciones de actuaciones de la Brigada de Policía Judicial, en particular de las intervenciones telefónicas, así como de las responsabilidades derivadas por el quebrantamiento del deber de custodia y secreto que dichas filtraciones supone.



4. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha anunciado que va a dirigir acciones judiciales por calumnia con publicidad contra los responsables de la difamación publicada este fin de semana por los medios del Grupo Prisa, a raíz de la violación del deber de secreto de unas actuaciones que no forman parte del sumario y que están tan solo a disposición de la Policía Judicial. El Partido Popular apoya de forma unánime y rotunda estas acciones.