Apoyo para los autonomos y jovenes emprendedores.

R. L. Vargas. MADRID.
Según la oficina de estadísticas europea (Eurostat), el 57,6 por ciento de los jóvenes españoles menores de 25 años está en el paro. Es la tasa más alta de toda la Unión Europea, sólo igualada por Grecia. Aunque hay consenso entre los analistas en que la situación económica empezará a mejorar en los últimos meses de este año, en lo que también coinciden todos es en que la creación de puestos de trabajo se demorará bastante más. Para crear empleos netos, España necesita un vigoroso crecimiento de su Producto Interior Bruto, por encima del 2%, que no se espera ni para este año ni para el que viene.

A pesar de estas sombrías perspectivas para el empleo a corto plazo, el Ejecutivo está trabajando para que, cuando se den las condiciones adecuadas, la recuperación de puestos de trabajo sea más rápida y para facilitar alternativas a la creación de los mismos, especialmente entre los más jóvenes, muchos de los cuales ahora emigran ante la falta de perspectivas laborales en España.

En este afán de ofrecer posibilidades para la ocupación, el Gobierno mantiene conversaciones con los autónomos para consensuar medidas que faciliten a los jóvenes que así lo quieran ser emprendedores. Entre los asuntos que están sobre la mesa está la posibilidad de modificar las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos. Aunque las conversaciones están todavía muy verdes, el Ejecutivo es consciente del obstáculo que supon para muchos jóvenes que quieren poner en marcha un negocio tener que pagar antes de empezar a facturar en un contexto de falta de crédito. «Es un problema que sólo se da en este colectivo», coinciden fuentes del colectivo.

El Ejecutivo, que está llevando las conversaciones a través de la Dirección General de Trabajo Autónomo, también abordará cuestiones como la formación profesional y la compaginación de los estudios con la formación para fomentar la empleabilidad entre los jóvenes.

Sobre la mesa está también el problema al que se enfrentan muchos autónomos de ser deudores y acreedores al mismo tiempo de diferentes administraciones. «No es lógico que, en un momento como el actual, se embargue a un autónomo por tener deudas con una administración mientras otra, al mismo tiempo, le debe dinero», dicen fuentes de este colectivo, que se muestran «optimistas» sobre la posibilidad de encontrar una solución a esta paradójica situación.

Ley de Emprendedores
Además de en las conversaciones abiertas con Empleo, los trabajadores por cuenta propia también tienen depositadas grandes esperanzas para mejorar su situación en la Ley de Emprendedores. El texto parece en este momento atascado. Sin embargo, fuentes conocedoras del asunto aseguran que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, podría darle un empujón en el Debate sobre el estado de la Nación que se celebrará los días 20 y 21 de febrero. También confían en poder influir en la futura reforma de la administración pública, pues la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que pilotará los cambios, ha llamado a los autónomos a formar parte de la mesa de expertos que propondrán fórmulas.

Consciente de que los autónomas ha sido uno de los colectivos más golpeados por la crisis y de su peso en la economía –su número supera los tres millones–, el Gobierno ha adoptado ya varias medidas para amortiguar los efectos de la recesión. A comienzos de año, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que está preparando un sistema para que los proveedores de cualquier administración, muchos de ellos autónomos, puedan dirigirse directamente al ministerio para que éste arbitre «la forma de pago» de la deuda. Una medida que prolonga en el tiempo la política emprendida por el Ejecutivo con el Plan de Pago a Proveedores.
Otras medidas
La semana pasada, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anunció que está estudiando la posibilidad de dar a los autónomos un plazo de hasta cinco años para que paguen sus deudas a la Seguridad Social dado que la falta de liquidez está sepultando muchos de sus negocios. Además, valora también la posibilidad de ampliar a dos años el plazo desde que se anuncia hasta que se ejecuta el embargo de la vivienda para dar más tiempo al autónomo para rehacer su situación y pagar para que, en caso de impago a Hacienda, perder la vivienda sea la última opción.