Delegación de competencias estatales o autonómicas en los municipios

La delegación de competencias estatales o autonómicas en los municipios debe ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria, su duración no será inferior a los 5 años y la Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio delegado.


La futura norma prevé que tanto la Administración del Estado como las de las comunidades autónomas deleguen en los municipios de más de 20.000 habitantes el ejercicio de sus competencias en ámbitos de actuación compartidos, con la finalidad de mejorar la integración y coordinación de los servicios que se
prestan a la ciudadanía.

En el actual anteproyecto de ley, se definen como competencias básicas de todos los municipios, las de urbanismo; mantenimiento de parques y jardines; abastecimiento de agua potable y su tratamiento; recogida de residuos sólidos urbanos; lucha contra el ruido excesivo; infraestructura de sus calles; asistencia social primaria; seguridad en lugares de concurrencia pública, Policía local, Protección civil y prevención y extinción de incendios.

También se incluye el Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad; transporte de mercancías y transporte público de personas; promoción turística; ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante; protección de la salubridad pública y de los consumidores y usuarios; cementerios y actividades funerarias; promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre; participación en la Administración educativa en la creación de los centros docentes públicos y en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria; promoción de la cultura y equipamientos culturales y archivos, bibliotecas y museos.

En la actualidad, por tamaño, son los municipios menores de 5.000 habitantes de las comunidades forales los que más gasto no obligatorio por habitante realizan, seguidos de los municipios de más de 50.000 habitantes.